Un transporte público y eficaz

Después de siete años, hoy seguimos el programa de rescate de licencias de taxis, en el que habremos invertido –cuando finalice– más de ocho millones de euros

El Ayuntamiento de Santa Cruz apuesta por el transporte público, en todas sus modalidades. Y esa apuesta se concreta en una larga lista de actuaciones que hemos desarrollado en los últimos años al objeto de hacer más atractivo su uso por parte de los vecinos y visitantes de la ciudad.

Sin ir más lejos, el pasado fin de semana ampliamos las frecuencias en ocho de las rutas de guaguas que conectan el Intercambiador con distintas zonas de la ciudad, en el marco del nuevo contrato suscrito con Titsa y el Cabildo, que garantiza el mantenimiento del servicio urbano en los próximos cuatro años y la conservación de los puestos de trabajo asociados.

Esa medida, además, conecta directamente con el plan de renovación de la flota de vehículos, por el que incorporaremos 75 nuevas guaguas hasta el año 2022, gracias al enorme esfuerzo económico que estamos realizando y que se asciende –solo en este capítulo– a 18,5 millones de euros.

Se trata de un proceso de adaptación permanente, que irá recogiendo en los próximos meses las demandas vecinales en otras rutas, de modo que podamos satisfacer las necesidades de los usuarios de la guagua en todos los distritos y los barrios del municipio, algunos de ellos enclavados en parajes de difícil geografía y orografía.

En cualquier caso, ese compromiso es firme y continuo.

Como lo es en el caso del taxi, un sector al que hemos ayudado económicamente desde el año 2011 y para el que hemos desembolsado una gran cantidad de dinero de todos los contribuyentes.

Precisamente el año 2012 había en la ciudad 1087 licencias; hoy existen 816 y seguiremos bajando hasta llegar a la cifra acordada con el propio sector de 732.

En aquella época la situación del taxi en la ciudad era preocupante. Había un número excesivo de licencias, que entorpecían la propia viabilidad y competitividad del sector. Así que, junto al Cabildo de Tenerife y junto a los taxistas, diseñamos un programa para el rescate de licencias, que hoy seguimos aplicando.

Y quiero aclarar que bajo esa denominación de “rescate de licencias” lo que realmente existe es la compra de la misma por parte de la Administración. En la actualidad, pagamos a cada taxista “rescatado” 32.000 euros, cantidad que desembolsamos de las arcas municipales, es decir dinero de todos los santacruceros.

Aquella decisión se tomó para garantizar la supervivencia de un sector, desde una óptica de estricta responsabilidad –para el mantenimiento de un servicio público de transporte, pero gestionado por privados–  e incluso de auxilio social.

¿Podía haber hecho otra cosa el Ayuntamiento? Sí. Podía haber dejado el sector a su suerte y a la suerte del mercado y de las leyes de la oferta y la demanda. Pero eso habría sido irresponsable e insolidario.

No lo hicimos. Y hoy, después de siete años, seguimos el programa de rescate de licencias, en el que habremos invertido –cuando finalice– más de ocho millones de euros.

Por eso, no se entiende la respuesta desproporcionada e injustificada de alguna asociación del taxi, cuando no solo somos el Ayuntamiento de España que más invierte en el rescate de licencias sino el que más rápido las abona. Una acción “reivindicativa” que perjudica y molesta a todos los vecinos y a sus sectores económicos.

Invito, por tanto, a esos profesionales a una reflexión serena sobre el particular. Porque si lo hicieran verían al Ayuntamiento como lo que es, un aliado, no un adversario. Y creo sinceramente que sus motivos de preocupación no deberían estar en la actuación del Ayuntamiento –irreprochable–  sino ahí mismo, en las calles en las que operan, hasta ahora sin competencia.