Intachable en la defensa del interés general

La defensa del interés general es el principio rector -sustancial, básico, irrenunciable- que ha guiado mi conducta política y el ejercicio de las responsabilidades públicas que he tenido el honor de desempeñar durante 30 años. Siempre. En todo momento. En toda situación. Nunca he dejado de pensar en el interés general de todos los ciudadanos a los que he representado. Ni a las maduras y, menos, a las duras. Con viento a favor o con viento en contra, he actuado única y exclusivamente para protegerlo y defenderlo.

En una trayectoria tan larga hay espacio para los aciertos y, cómo no, también para los errores. Pero para lo que no hay sitio es para desviarse, ni siquiera un milímetro, de esa directriz que me guía y me obliga ética, moral y políticamente. Desde ese punto de vista, mi expediente es intachable. Porque, además, no tengo ninguna hipoteca política, algo que llevo a gala.

Esta semana, el Tribunal Supremo ha hecho pública la sentencia en relación a la compra del frente de la playa de Las Teresitas, dando carpetazo a un asunto que ha provocado un gran daño a la imagen de la ciudad e importantes perjuicios a ese interés general al que me vengo refiriendo.

Y precisamente por eso, mi único objetivo sobre este particular, desde que accedí a la Alcaldía, ha sido la defensa de los intereses de los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife y la restitución del daño patrimonial causado al propio Ayuntamiento. Eso sí, con la prevención de salvaguarda de todos los preceptos legales y respeto a los procedimientos judiciales en curso.

El 27 de abril de 2017, justo el mismo día que se conoció la primera sentencia de la Audiencia Provincial, dicté una instrucción a los servicios jurídicos para ejercitar todas las acciones precisas para la recuperación del dinero público invertido en la operación.

Esa instrucción se completó, un mes después, con un acuerdo de la Junta de Gobierno, por el que el Ayuntamiento se adhirió a la petición de medidas cautelares interesadas por el Ministerio Fiscal, para el aseguramiento de la totalidad de las cantidades que en concepto de responsabilidad civil derivada de los delitos reconoce la sentencia a favor del Ayuntamiento. Se pedía al juzgado que requiriese a todos los condenados para que designase bienes que fueran suficientes para garantizar el pago de la totalidad de las indemnizaciones a cuyo pago se les condena en la sentencia dictada.

Y también se proponía que, subsidiariamente y para el caso de que no se cumpliera el anterior requerimiento, o para el caso de que los bienes designados fueren insuficientes, se acordaran medidas como el bloqueo y retención de activos financieros o el embargo de bienes muebles y/o inmuebles que estuvieran a nombre de los condenados, de forma directa o indirecta.

Este viernes, un día después de conocida la Sentencia del Tribunal Supremo, he dictado una nueva instrucción para dar continuidad a aquellas acciones, ahora que la decisión judicial es firme. El Ayuntamiento siempre ha estado por recuperar el dinero malversado en Las Teresitas y seguiremos actuando en consecuencia.

Precisamente, la firmeza de la sentencia del Supremo avala ahora esa reclamación patrimonial sin las prevenciones que debimos tomar en su momento, por si el fallo del Alto Tribunal era favorable a los condenados en la instancia previa, lo que nos hubiera obligado a devolver el dinero, los intereses y a hacer frente a posibles reclamaciones por daños y perjuicios.

Hoy, tenemos una decisión firme del Tribunal Supremo, tanto como ha sido siempre la voluntad del Ayuntamiento de recuperar todo ese dinero y reparar los daños causados.

Sin olvidar que nuestro objetivo último es trabajar porque Santa Cruz tenga la gran playa que se merece, una playa de todos y para todos, que sea orgullo de los chicharreros. Y de la que se hable solo por su arena, su mar, su aire, su paisaje y sus equipamientos.

ARTÍCULO PUBLICADO EN LA OPINIÓN DE TENERIFE (30/03/19): VER ARTÍCULO.