Añaza: la política al servicio de la gente

Hemos podido encontrar, entre todas las administraciones implicadas y los propios vecinos, un camino satisfactorio, que abre la puerta a la solución definitiva del conflicto.

Cuando alguien ejerce responsabilidades públicas, asume, sobre todo, un compromiso en la defensa de quienes son sus representados: en mi caso, todos los vecinos y vecinas de Santa Cruz, independientemente de su condición social, económica o adscripción ideológica.

Ese compromiso, del que en ningún momento me he alejado durante toda mi trayectoria política, se hace más necesario si cabe cuando se trata de abordar problemas que afectan a asuntos muy delicados. Uno de ellos es, sin duda alguna, el de la vivienda.

Estas últimas dos semanas han sido duras. Duras porque nos hemos enfrentado a un gravísimo conflicto, el de los desahucios de viviendas, que ha sumido en la angustia y la desesperación a 358 familias del barrio de Añaza.

Angustia que se sumaba a la propia indefensión de estos vecinos en su desigual lucha contra una gigantesca corporación bancaria.

En esos momentos, la labor de una administración pública y, por tanto, de su máximo responsable político, no admite tibiezas de ningún tipo. Sobre todo, cuando se trata de hacer frente a una flagrante injusticia.

Afortunadamente, hemos podido encontrar –entre todas las administraciones implicadas y los propios vecinos- un camino satisfactorio, que abre la puerta a la solución definitiva del conflicto.

Creo que, más allá de las dificultades que entrañaba el caso, la posición de firmeza del propio Ayuntamiento y también del Cabildo de Tenerife, unida a la decisiva intervención del Gobierno de Canarias ha permitido acabar con la desesperación de muchas familias.

Tengo que agradecer la implicación del presidente del Cabildo, Carlos Alonso, y del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que ha resultado fundamental para que, primero, la entidad financiera aclarara su posición como propietaria de las viviendas y anunciara su renuncia a los desahucios, y, segundo, para iniciar la negociación por la que el Ejecutivo autonómico adquirirá las mismas.

De igual modo, quiero destacar la labor de los propios vecinos, cuya organización y coordinación, ha sido realmente eficaz.

Tenemos a partir de estos momentos una hoja de ruta clara, de modo que todas las viviendas, una vez compradas por el Gobierno de Canarias, se dedicarán al régimen de alquiler social.

Ahora y dada la variedad de circunstancias particulares que concurren en los inquilinos, habrá que ir caso por caso facilitando información al Gobierno de Canarias para agilizar todo el procedimiento.

En cualquier caso, tenemos a la vista una solución definitiva y, de momento, hemos podido poner fin a la angustia de estos vecinos y darles tranquilidad de cara a los próximos meses.

Y son casos como éste los que me reafirman en mi vocación de servidor público, porque, en definitiva, me hacen sentir orgulloso de ser político y de contribuir desde la política a resolver los problemas de la gente.